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No hare comentarios contra esta sentencia, ya que la ley prevee dos años de carcel y multas que rondan los 80.000 euros
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Un juez imputa a la cúpula de Caixa Penedès por acoso laboral.
www.efe.es

Un juzgado de Barcelona ha citado a declarar como querellados a los miembros de la cúpula directiva de la Caixa Penedès, a los que imputa hasta siete delitos por un supuesto acoso laboral a un antiguo responsable de una oficina de la entidad.

Fuentes judiciales han dicho que es la primera vez que un juez imputa a la más alta representación de una empresa por un supuesto caso de acoso moral en el trabajo.

El juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha dictado un auto en el que cita a declarar como imputados a José Parera Ripoll, presidente de la Caixa Penedès; Ricard Pagès, director general; José Ruiz Martos, subdirector general, y Fernando Fernández Santamaría, jefe de zona.

En su auto, el juez dice que ellos pueden ser responsables de los presuntos delitos de lesiones, coacciones, amenazas, contra la integridad moral, contra los trabajadores, contra la intimidad y de injurias y calumnias.

El magistrado justifica la imputación diciendo en su auto que "la incipiente literatura jurídica efectivamente califica con la nueva palabra anglosajona 'mobbing' aquella presión laboral ejercida desde puestos directivos de algunas empresas tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración en su lugar de trabajo".

El juez ha abierto diligencias contra los máximos responsables de la entidad a raíz de una querella presentada por José María S.F., que durante diez años fue delegado de la oficina de la caja situada en la Rambla Catalunya de Barcelona.

El denunciante se halla desde septiembre de 2001 en situación de baja laboral por incapacidad temporal "como consecuencia del acoso moral, el trato denigrante, vejatorio y coaccionante por parte de diversos directivos de la Caixa del Penedés, que le han causado graves lesiones incapacitándolo para su trabajo habitual", según se señala en la denuncia.

El juez, en su auto, se hace eco de esta situación y dice que el denunciante sufre una depresión y está de baja "a causa de los acosos, coacciones y vejaciones sufridos en su puesto de trabajo con objeto de conseguir una denigración de José María S.".

El magistrado indica que ese acoso se hizo "a base de desacreditarlo frente a los demás delegados de la empresa para conseguir su posterior destitución de su cargo, mandándolo a trabajar a otra oficina como simple administrativo de base, rebajándole el sueldo y quitándole incentivos y prestaciones para conseguir que abandonase su puesto de trabajo y se diese de baja de la empresa".

Según un informe psiquiátrico unido a la querella, el denunciante sufre un "daño psíquico debido a la actitud de sus superiores" que se concreta en que su más inmediato superior "le niega la posibilidad de expresarse, ha sido amenazado verbalmente y por escrito y ha sido rechazado".

La querella relata que cuando José María S. se hizo cargo de la oficina de la Rambla Catalunya tenía unos depósitos de clientes por un valor de 6.000 millones de pesetas y añade que cuando cogió la baja por depresión por el supuesto acoso moral de los jefes la oficina tenía depósitos por 19.000 millones, por lo que llegó a ser felicitado en varias ocasiones.

"Hemos observado que aquellos éxitos fueron mal interpretados por alguno de sus superiores, quizás por miedo a su puesto o por una malsana intención", concluye la querella.




Una Juez de Sabadell admite a trámite una querella criminal contra un empresario por acoso moral en el trabajo - 04/04/2003


Una juez de Sabadell (Barcelona) ha imputado a un empresario téxtil por un caso de 'mobbing' o acoso moral en el trabajo a una empleada que llevaba 27 años trabajando para él. La mujer, que sufre diversos trastornos por angustia y depresión, asegura que su jefe le ha hecho la vida imposible haciéndole trabajar "de todo", desde tareas de secretaria, comercial, gerente o telefonista, teniendo que estar a su disposición las 24 horas del día, lo que ha provocado que haya sido declarada en situación de incapacidad laboral por depresión.

Fuentes jurídicas explicaron que este es el segundo caso de 'mobbing' admitido por la vía penal en Catalunya, después de que el pasado mes de septiembre, un juez de Barcelona abriera diligencias contra un gerente de Telefónica por acosar a un empleado. En España, ya son varias las causas por acoso moral que se están tramitando por la vía penal.

La trabajadora asegura que su jefe, M.A.C., de 54 años, administrador de Disvasconfec S.L., una empresa dedicada al sector téxtil de Sabadell, la obligó incluso a trabajar estando de baja llevándole en un taxi las tareas a casa y que la amenazaba e insultaba en público, lo que ha provocado que haya atravesado graves crisis de angustia y ansiedad y que presente trastornos de la personalidad, además de fobia al trabajo.

Asimismo, asegura que le prohibió ir al médico en horas de trabajo y que la amenazó con despedirla, rebajarle el sueldo o le dijo frases como: "que tenía que escoger entre sus hijos o su trabajo y que la dedicación al trabajo debía ser exclusiva".

La querella, que ha sido admitida a trámite por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, relata como el imputado le dijo que "era una inútil" y que no sabía "donde tenía la mano derecha".

En el auto por el que se admitió a trámite la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez afirma que los hechos denuncidos pueden ser constitutivos de "un supuesto delito de lesiones, coacciones y contra la libertad de los trabajadores".

La mujer, que lleva más de dos años de baja laboral, empezó a trabajar para M.A.C., que además es su primo hermano, a los 13 años, barriendo en las oficina de Hispamoda, hasta que a los 17 años "ya llevaba la oficina y el almacén". A partir de entonces, sus funciones empezaron a incrementarse paulatinamente sin que "realmente tuviera un horario", asegura la mujer.

Sin embargo, el acoso moral se inició después de que la empresa cambiara de nombre y pasara a llamarse Divasconfec. En su declaración en el juzgado, la mujer explicó que no ha dejado el trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a sus hijos, después de separarse de su marido, quien no le pasaba ninguna pensión. La empleada explicó que se llevaba trabajo a casa y que algunas noches ni siquiera dormía.

La querella relata que la mujer estaba asegurada con categoría profesional de operaria de segunda aunque realizaba una serie de funciones "que van más allá de dicha calificación profesional, al encargarse de la atención telefónica a los clientes, control de talleres de confección, controlar las planchas, controlar el almacén a nivel de controlar los pedidos, controlar los stocks para saber qué había en el almacén, así como aquellos productos que estaban fabricados o en proceso de fabricación, y controlar las piezas que debían los proveedores".

En la denuncia, presentada por el abogado de la mujer, Julián Suárez-Inclán, también se señala que la trabajadora "se ha visto sometida a un auténtico calvario y acoso ante la función de persecución que ejercía" el administrador "dirigida a que sus condiciones laborales y psicológicas fuesen de una presión de tal entidad" que la mujer "se viera abocada a abandonar la empresa para protegerse de dicha persecución y para proteger su integridad personal y psíquica".

La mujer también asegura que el administrador nunca le dio "instrucciones concretas" sobre sus innumerables funciones, lo que ha sido aprovechado por el imputado "para recriminarle porque había realizado un trabajo y había desatendido otro, porque había estado todo el día hablando por teléfono, porque se había desplazado a las otras seis tiendas que tenían porque había encargado un pedido y no otro".

La querella añade que "esta situación" le provocó un "estado de gran ansiedad y vergüenza" y comportó una "pérdida de autoestima" al "ignorar de qué manera debía trabajar en la empresa para evitar así la presión a la que venía sometiéndola diariamente el querellado". La denuncia señala que la mujer ha tenido que pagarse médicos privados porque no podía acudir en horas de trabajo.

Esta situación de acoso y "maltrato psicológico" se agravó, según la querella, cuando la mujer le comunicó a su jefe que quería trabajar sólo ocho horas, lo que provocó que empezara a ser insultada y vejada en público por su jefe, según la querella. A partir de ese momento, la mujer empezó a acudir al médico de la Seguridad Social, que le recetó ansiolíticos, que toma desde hace dos años.

La hermana de la empleada también trabajaba en la misma empresa pero tras 24 años se marchó porque el querellado le amenazó con pegarla, según la mujer. La trabajadora denunciante asegura que el administrador era igual con todo el mundo, lo que motivó que diversos empleados se marcharan de la empresa "hartos de aguantar insultos".

El pasado mes de febrero, el empresario, prestó declaración ante la juez en calidad de imputado y negó que acosara a la trabajadora asegurando además que las horas extras las hacía la mujer "de forma voluntaria".

El administrador afirmó que ésta trabajaba "siempre" en la empresa y que su función era la de administrativa, negando que haya tenido nunca algún problema con empleados. El imputado negó que la hubiera insultado o amenazado con despedirla o bajarle el sueldo.

Sin embargo, la mujer asegura que la humillaba delante de los compañeros o de clientes y que esta situación provocaba que "soñara con el trabajo" y que incluso haya pensado "en el suicidio".

"El se ha quedado el dinero y la posición y yo la enfermedad y sin trabajo y encima no sé qué soy ni quien soy, y me han estado exprimiendo como a un limón y me he terminado", añadió la trabajadora a Europa Press.

Fuente de los datos: Europapress
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Condenan a una empresa a pagar 29.000 euros a un trabajador por mobbing - 02/05/2003


El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a una empresa indemnizar a un trabajador que sufrió acoso moral en el trabajo o 'mobbing' por parte de la dirección. La empresa sometía al empleado a un férreo control y acabó despidiéndolo por "acumulación de faltas disciplinarias" después de obligarlo a realizar tareas inferiores a su categoría profesional.

El trabajador, Diego B.G., que tenía la categoría profesional de oficial en artes gráficas tuvo que realizar tareas como cargar caminones o realizar fotocopias durante toda la jornada.

El acoso se inició tras la incorporación del empleado a su puesto, después de haber solicitado una excedencia de cuatro meses para llevar a cabo la adopción de un niño. A partir de su reincorporación, la dirección de la empresa, Material de Edició S.L., de Terrassa (Barcelona), le sometió a un estrecho control.

En una ocasión, el 17 de abril de 2002, el trabajador recibió una "comunicación", en la que se le ordenaba hacer un informe relatando o haciendo constar el trabajo realizado "hora a hora", durante toda esa jornada. Asimismo, la dirección le llamó a capítulo porque pasaba demasiado tiempo hablando por su teléfono móvil y se le ordenó por escrito que "dejase inmediatamente de comunicarse por su teléfono en su horario laboral".

En otra ocasión, la empresa le entregó otro escrito instándole a que "justificara" porque el día anterior había salido 15 minutos antes. Además de controlarlo férreamente y de someterlo a un trato completamente "particularizado" que no se aplicaba a ningún otro trabajador, la dirección le obligó en varias ocasiones a cargar camiones y se pasó siete días haciendo fotocopias, tareas muy por debajo de sus funciones profesionales.

La situación de acoso moral llegó a un punto insostenible para el trabajador y concluyó cuando la dirección le envío el 15 de mayo de 2002 la carta de despido, en la que se argumentaba como motivos de despido una acumlación de "faltas disciplinarias muy graves".

El trabajador acudió a los tribunales, que le han dado la razón tanto en primera como en segunda instancia. El Juzgado de lo Social número 1 de Terrasa declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a indemnizarlo con 24.803 euros por los daños ocasionados, más 4.048 euros por los salarios de tramitación que había dejado de percibir.

La empresa recurrió ante la Sala de lo Social del TSJC, pero el Alto Tribunal catalán ha desestimado el recurso y ha confirmado la resolución.

Según el TSJC, el trabajador fue claramente víctima de un trato discrimantorio. La sentencia señala que "la empresa mantuvo una clara actitud vejatoria hacia el trabajador a raíz de su reincorporación a su puesto de trabajo tras el disfrute de una suspesión de cuatro meses motivada por el proceso de adopción".

Fuente de los datos: Europapress








El TSJC condena a una empresa a indemnizar a una trabajadora por acosarla moralmente durante años para que dimitiera - 10/04/2003


La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a una empresa de Girona a indemnizar a una trabajadora con 14.401 euros por someterla a una auténtica persecución "constante y denigrante" con el fin de que dimitiera, tras casi diez años de antigüedad.

Además, el TSJC ha ordenado que se de traslado de la sentencia a la Fiscalía para que investigue si estos hechos pueden ser constitutivos de delitos contra los derechos de los trabajadores.

El inicio de esta situación de 'mobbing' se produjo después de que la mujer se negara a participar, como sí hizo el resto de trabajadoras, en una colecta para comprar un regalo de cumpleaños al hijo del director que cumplía 18 años. A partir de aquel momento, la mujer fue sometida a una presión constante que provocó que fuera dada de baja por depresión en diversas ocasiones y que finalmente solicitara una excedencia laboral antes de demandar a la empresa.

El TSJC señala que la dirección de la fábrica de Ripoll (Girona) de Herramientas Especiales y de Precisión S.A. intentó pasar a la trabajadora al turno de noche, "pese a ser la delegada de personal con mayor antigüedad en la empresa", ordenó a los trabajadores que no hablaran con ella o le aplicó un control "denigrante sobre sus ausencias al lavabo".

Sobre este último extremo, el Alto Tribunal catalán considera probado que tanto el director de la fábrica, Rafael M.M., como su cuñado Máximo M.N. --que trabajaba como encargado de sección--, esperaban a la mujer en la puerta del lavabo con un reloj en la mano para controlar el tiempo que permanecía en el servicio.

Además, el fallo también señala que la dirección le acusó de errores laborales que no había cometido o le sancionó por falta de puntualidad --por llegar un minuto tarde--, cuando había entrado incluso antes de su horario laboral.

Por ello, el TSJC concluye que la mujer ha sido víctima de una presión laboral tendenciosa o 'mobbing', por lo que considera que debe ser indemnizada por la empresa.

La mujer, Y.O.R., de 27 años, presentó una demanda sobre extinción a instancia del trabajo y el 17 de septiembre de 2002, el Juzgado de lo Social número 2 de Girona estimó la demanda y declaró extinguida la realción laboral condenando a la empresa a que indemnizara con 14.401 euros a la mujer.

Sin embargo, la empresa recurrió el fallo ante el Alto Tribunal catalán alegando que los hechos no eran ciertos, entre otros motivos, pero sin aportar pruebas de esa supuesta falsedad.

Además, también recurrió porque entendía que la mujer no podía percibir indemnización, ya que había dejado de trabajar para ellos, pero el TSJC recuerda que "el contrato de trabajo se encuentra simplemente en suspenso a consecuencia de la petición de excedencia formulada por la trabajadora".

El Alto Tribunal catalán añade que aunque la mujer "hubiera decidido rescindir su contrato de trabajo" con posterioridad hubiera podido pedir "la extinción de su relación laboral", por lo que ha desestimado el recurso y ha confirmado la sentencia condenatoria.

La empresa también alegó que la posibilidad de reclamación había prescrito. Sin embargo, el TSJC entiende que "los graves y continuos incumplimientos de las obligaciones para con la trabajadora" únicamente "se detuvieron cuando la mujer decidió suspender la relación laboral".

La mujer trabajaba ocho horas diarias en la fábrica de Ripoll (Girona) de la empresa con categoría de especialista en piezas de plástico con un salario de 31,07 euros al día desde febrero de 1992.

Según el fallo, los conflictos laborales se iniciaron en 1994, después de que la mujer se negara a participar en la colecta del regalo del hijo del director. Este hecho y "confrontaciones por trato de favor a determinadas trabajadoras" condujeron a una "situación tensa" entre la mujer y la dirección de la empresa, quien le encomendó "funciones que no le correspondían por su categoría profesional".

Tras los diferentes episodios de acoso moral, la mujer causó la primera baja laboral por depresión en 1997. A finales de febrero de 2000, la mujer volvió a causar baja laboral con el diagnóstico "de trastorno depresivo reactivo a conflicto laboral" durante más de siete meses.

El 4 de marzo de 2002, las delegadas de personal, entre las que se encontraba la mujer, presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo quejándose de que recibían un un "trato discriminatorio y hostil por parte del responsable del centro".

Tras llevarse a cabo una inspección en la fábrica, se ordenó a ala empresa que cambiara algunos hábitos y se levantó un acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

El 10 de junio de 2001, la mujer comunicó a la empresa su intención de iniciar la excedencia voluntaria de dos años para recuperarse psicológicamente del grave estado en el que se encuentra debido al acoso laboral que sufre desde hace años y demandó a la empresa. En los últimos meses, se han producido diversos ceses voluntarios de trabajadoras, señala el fallo.

Fuente de los datos: Europapress


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